Cómo se construye red de corrupción de escala industrial
En marzo de 2014, la Policía Federal de Brasil detuvo a Alberto Youssef, cambista y operador financiero con larga historia de actividad ilegal, en el marco de investigación aparentemente menor sobre lavado de dinero en la ciudad de Curitiba. Nadie sabía en ese momento que esa detención era la primera pieza de lo que se convertiría en la mayor operación anticorrupción de la historia de América Latina. En los meses y años siguientes, la investigación llamada Lava Jato revelaría red de corrupción sistemática que involucraba a las empresas constructoras más grandes de Brasil, a la empresa petrolera estatal Petrobras, a los partidos políticos más importantes del país, y a presidentes, ministros, senadores, y gobernadores de casi todos los colores políticos imaginables.
Para entender la escala de lo que Lava Jato destapó, hay que entender cómo funcionaba el sistema antes de que la investigación comenzara. Petrobras, la empresa petrolera estatal de Brasil, era una de las diez empresas más grandes del mundo por valor de mercado. Tenía contratos de construcción, mantenimiento, y servicios por decenas de miles de millones de dólares anuales. Esos contratos se asignaban a través de procesos de licitación que en teoría eran competitivos y transparentes. En la práctica, las principales constructoras de Brasil habían formado cartel informal donde se repartían los contratos entre sí, fijaban precios artificialmente altos, y pagaban sobornos a los directivos de Petrobras que facilitaban el esquema.
El mecanismo era brutalmente eficiente. Las constructoras, que incluían a gigantes como Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa, y Andrade Gutierrez, se reunían en secreto para decidir cuál de ellas «ganaría» cada licitación. La que ganaba inflaba el precio del contrato en un porcentaje que iba desde el uno hasta el cinco por ciento. Ese porcentaje adicional era el fondo de sobornos. De ese fondo se pagaba a los directivos de Petrobras, que podían ganar fortunas personales equivalentes a decenas de veces su salario oficial. Y una parte de esos sobornos fluía hacia los partidos políticos que habían designado a esos directivos en sus cargos.
El dinero de los sobornos no llegaba directamente a los bolsillos de los funcionarios en efectivo. Pasaba por red de operadores financieros como Youssef, que usaban cuentas en el exterior, empresas pantalla, y transacciones ficticias para transformar el dinero de soborno en dinero aparentemente legítimo. Esa capa de sofisticación financiera era la que hacía difícil la detección y era exactamente lo que la investigación inicial de lavado de dinero estaba siguiendo cuando encontró el hilo que llevó a todo lo demás.
La escala del robo era de dimensiones que resultan difíciles de procesar intuitivamente. Las estimaciones iniciales hablaban de aproximadamente tres mil millones de dólares en sobornos pagados a directivos de Petrobras y funcionarios públicos en el período investigado. El daño total estimado al Estado brasileño, incluyendo el sobreprecio total de los contratos, superaba los diez mil millones de dólares. Y lo que hacía particularmente devastador al esquema era que había operado durante años, probablemente décadas, con la participación o la tolerancia de gobiernos de diferentes partidos.
«La corrupción que dura décadas no dura porque nadie la ve. Dura porque demasiadas personas con poder tienen interés en que continúe. La pregunta no es por qué nadie la detuvo antes. Es por qué alguien finalmente decidió detenerla.»
El juez, los fiscales, y la decisión de no tener miedo
La historia de Lava Jato no puede contarse sin entender a las personas que decidieron llevarla adelante cuando era completamente razonable no hacerlo. Sérgio Moro era juez federal en Curitiba, ciudad del sur de Brasil, cuando la investigación aterrizó en su juzgado. Era magistrado respetado pero no famoso, sin perfil político conocido, sin aparente ambición de convertirse en figura pública. La investigación que le llegó parecía ser caso de lavado de dinero de alcance limitado.
Lo que Moro y el equipo de fiscales que colaboró con él, especialmente Deltan Dallagnol, hicieron diferente de lo que había pasado en investigaciones de corrupción anteriores en Brasil fue no detenerse en los operadores financieros de nivel medio. En investigaciones anteriores, la lógica implícita era llegar hasta cierto nivel de la cadena y no seguir subiendo, porque más arriba estaban personas con conexiones políticas que podían terminar la carrera de un juez o de un fiscal que los molestara demasiado. Moro y su equipo decidieron seguir el dinero hasta donde el dinero llevara, sin importar a quién.
Las herramientas que usaron fueron novedosas para el contexto brasileño. Los acuerdos de delación premiada, donde personas investigadas recibían reducción de sentencia a cambio de colaborar con la investigación y revelar información sobre otros participantes, fueron fundamentales para hacer avanzar la investigación más rápido de lo que habría sido posible por medios convencionales. Youssef fue el primero en firmar acuerdo de ese tipo. Luego vinieron ejecutivos de las constructoras. Luego directivos de Petrobras. Cada acuerdo abría nuevas líneas de investigación que llevaban a nuevas personas.
El momento que mostró que Lava Jato era diferente a todo lo anterior fue cuando el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue citado a declarar. Lula había sido presidente de Brasil entre 2003 y 2010, tenía índices de aprobación extraordinariamente altos, y era figura casi intocable de la política brasileña. En julio de 2017, Lula fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero. En 2018, fue a prisión. Esa sentencia representó momento sin precedentes en la historia de Brasil: un expresidente en prisión por corrupción.
Pero Lava Jato también tuvo dimensiones más oscuras que fueron saliendo a la luz con el tiempo. Posteriormente se reveló, a través de filtraciones del chat interno del equipo de Moro y los fiscales conocidas como Vaza Jato, que había comunicación inapropiada entre Moro y los fiscales que ponía en duda la imparcialidad del proceso. El Tribunal Supremo de Brasil anuló posteriormente las condenas de Lula por considerar que Moro había sido parcial.
«La línea entre juez que hace su trabajo con valentía y juez que usa su posición para resultados predeterminados es difícil de ver desde afuera en tiempo real. Lava Jato destapó corrupción real. Pero también levantó preguntas legítimas sobre si los métodos usados respetaban las garantías del Estado de derecho.»
Las consecuencias que nadie calculó completamente
El impacto de Lava Jato en Brasil fue tan profundo y tan multidimensional que todavía se discute si el balance final fue positivo o negativo para el país. No hay duda de que la operación destapó corrupción real y masiva que había dañado al Estado brasileño durante años. No hay duda de que procesó a personas poderosas que en sistemas anteriores habrían sido intocables. Pero las consecuencias secundarias de la operación fueron enormes y frecuentemente no anticipadas.
El impacto económico inmediato fue devastador. Las grandes constructoras brasileñas que estaban en el centro de la investigación colapsaron o fueron gravemente dañadas. No solo en términos financieros sino en términos de capacidad operativa. Los proyectos de infraestructura en que estaban trabajando —proyectos reales que Brasil necesitaba— se paralizaron o se cancelaron porque las empresas que los construían habían sido destruidas por la investigación. El empleo en el sector de la construcción colapsó. La economía brasileña, que ya enfrentaba dificultades por caída de los precios de las materias primas, recibió golpe adicional del impacto económico de la destrucción de sus mayores constructoras.
La crisis política fue igualmente intensa. La presidenta Dilma Rousseff fue sometida a proceso de destitución en 2016, no directamente por Lava Jato pero en contexto político que la investigación había creado. Su vicepresidente Michel Temer asumió la presidencia y fue él mismo investigado por corrupción. El ciclo de revelaciones de corrupción siguió durante años, alcanzando a prácticamente todos los partidos políticos importantes. El resultado fue crisis de legitimidad del sistema político tan profunda que contribuyó a crear condiciones para el ascenso de Jair Bolsonaro en 2018.
Y hubo consecuencias para el propio Moro que resultaron ser reveladoras sobre sus motivaciones. En 2018, después de condenar a Lula y con Lula inhabilitado para ser candidato, Bolsonaro ganó las elecciones presidenciales. Moro aceptó el cargo de ministro de Justicia en el gobierno de Bolsonaro, lo cual generó cuestionamientos legítimos sobre si sus acciones como juez habían sido influenciadas por ambición política. Posteriormente renunció al cargo y se convirtió en candidato presidencial en 2022.
El balance que queda es ambiguo de una forma que es incómoda. La corrupción que Lava Jato destapó era real y había causado daño enorme a Brasil durante décadas. Los mecanismos que usó para destaparlo generaron resultados pero también transgredieron garantías procesales de formas que el Estado de derecho no puede ignorar. El país que quedó después de Lava Jato era más consciente de su corrupción sistémica pero también más dividido, más desconfiado de sus instituciones, y con economía dañada por colapso de industrias enteras.
«La lección más incómoda de Lava Jato no es que la corrupción era enorme ni que la investigación era valiente. Es que atacar corrupción sistémica con métodos que violan el Estado de derecho puede ganar batallas judiciales pero pierde la guerra de la legitimidad institucional.»
Lo que Lava Jato cambió para siempre en América Latina
A pesar de todas sus contradicciones y de los cuestionamientos legítimos sobre sus métodos, Lava Jato cambió de forma permanente algunos aspectos del panorama político y empresarial de América Latina. Esos cambios no son simples ni completamente positivos, pero son reales y tienen implicaciones que van mucho más allá de Brasil.
El cambio más significativo fue en la percepción de impunidad. Durante décadas, en Brasil y en toda la región, existía convicción generalizada de que las personas con suficiente poder político y suficientes conexiones nunca iban a prisión por corrupción, sin importar qué habían hecho. Lava Jato rompió esa percepción, aunque fuera temporalmente y con todos los cuestionamientos posteriores. La imagen de Lula entrando a prisión fue transmitida en televisión en vivo. Los ejecutivos de las mayores constructoras de Brasil estaban en celdas. Eso era nuevo.
El segundo cambio fue en las herramientas legales disponibles para investigaciones anticorrupción. Los acuerdos de delación premiada se convirtieron en herramienta establecida del sistema jurídico brasileño y generaron discusiones serias sobre su adopción en otros países. El país vecino adoptó mecanismos similares precisamente por influencia de la experiencia brasileña y los usó en sus propias investigaciones de corrupción.
El tercer cambio fue en la visibilidad internacional de la corrupción latinoamericana. Lava Jato generó cobertura mediática global que puso en el centro del debate internacional la escala de la corrupción sistémica en la región. Esa visibilidad tuvo consecuencias prácticas: inversores internacionales empezaron a exigir más garantías sobre cumplimiento anticorrupción en sus transacciones con empresas latinoamericanas.
La historia de Lava Jato también tiene lección sobre los límites de lo que el sistema judicial puede lograr solo en materia de corrupción sistémica. Los mecanismos de corrupción que la operación destapó existían porque habían sido funcionales para actores poderosos durante décadas. Un proceso judicial, por más valiente y más efectivo que sea, no puede substituir a los sistemas de supervisión que deberían haber prevenido la corrupción en primer lugar.
«La justicia que llega después del daño, aunque sea necesaria, no es substituto de los sistemas que deberían haber prevenido el daño. Lava Jato fue respuesta extraordinaria a falla ordinaria de instituciones que deberían haber funcionado. La lección duradera no es cómo destapas la corrupción. Es cómo construyes sistemas que la hacen más difícil desde el principio.»
Lava Jato no terminó la corrupción en Brasil. No podía terminarla. La corrupción sistémica no se elimina con una operación judicial, por más grande que sea. Se reduce con décadas de reformas institucionales, de fortalecimiento de la transparencia, de construcción de cultura organizacional y política que hace que la corrupción sea más costosa que el cumplimiento. Lava Jato fue, con toda su complejidad y sus contradicciones, un momento extraordinario en ese proceso. No el principio ni el fin. Un momento.