La empresa que compró un país entero
Hay una estadística sobre el caso peruano de Lava Jato que resulta difícil de procesar la primera vez que se escucha: cuatro presidentes consecutivos del país —Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, y Pedro Pablo Kuczynski— fueron investigados, procesados, o condenados por recibir pagos de Odebrecht. No uno. No dos. Cuatro presidentes seguidos, de diferentes partidos, con diferentes ideologías, con diferentes trayectorias políticas. Todos conectados a la misma empresa brasileña de construcción a través de pagos que en el lenguaje de Odebrecht se llamaban «contribuciones» y que en el lenguaje del Código Penal se llamaban sobornos.
Odebrecht era en su momento la constructora más grande de América Latina. Había sido fundada en 1945 en Salvador de Bahía, Brasil, y había crecido durante décadas hasta convertirse en empresa capaz de construir desde represas hasta líneas de metro, desde estadios de fútbol hasta aeropuertos, en casi todos los países de América Latina. Tenía capacidad técnica real, ejecutaba proyectos de genuina complejidad, y empleaba a decenas de miles de ingenieros y trabajadores. No era empresa fantasma. Era empresa real que hacía trabajo real. Y también era empresa que había construido división entera, con presupuesto propio, con ejecutivos dedicados, y con procedimientos operativos establecidos, específicamente para el pago de sobornos a funcionarios y políticos en todos los países donde operaba.
Esa división se llamaba Departamento de Operaciones Estructuradas. Su función era manejar los pagos de «contribuciones» de forma que no pudieran ser rastreados hasta Odebrecht. Usaban cuentas en paraísos fiscales, empresas intermediarias en múltiples jurisdicciones, y operadores financieros que convertían el dinero de soborno en dinero de apariencia legítima. Era estructura sofisticada y profesionalizada que operaba con la misma eficiencia que cualquier otro departamento de la empresa.
En el país, Odebrecht había operado durante décadas y había ganado contratos enormes. La carretera Interoceánica Sur, que conecta la selva y la sierra con Brasil y que fue uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la historia del país, fue construida en parte por Odebrecht. El gaseoducto del sur, proyecto de miles de millones de dólares que nunca fue completado, fue adjudicado a Odebrecht. El metro de Lima, el aeropuerto internacional, múltiples obras viales en diferentes regiones: la presencia de Odebrecht era tan extensa que sería difícil enumerar los proyectos donde no estuvo.
En diciembre de 2016, Odebrecht firmó acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el marco de la investigación Lava Jato. En ese acuerdo, Odebrecht admitió haber pagado aproximadamente veintinueve millones de dólares en sobornos en el territorio peruano entre 2005 y 2014. Las investigaciones posteriores encontraron montos adicionales.
«El escándalo de Odebrecht no es la historia de empresa extranjera que llegó a corromper a políticos honestos. Es la historia de sistema político que ya tenía precio, y de empresa que pagó ese precio con eficiencia y sistematicidad que solo es posible cuando la corrupción es política institucional, no excepción.»
Los cuatro presidentes y sus conexiones con Odebrecht
La forma en que las conexiones de cada uno de los cuatro presidentes con Odebrecht se desarrollaron es diferente en sus detalles pero consistente en su patrón general. En todos los casos, el dinero de Odebrecht llegó durante períodos en que decisiones gubernamentales importantes sobre contratos de infraestructura estaban siendo tomadas. En todos los casos, los pagos se canalizaron a través de estructuras que hacían difícil el rastreo directo. Y en todos los casos, los presidentes negaron inicialmente cualquier conocimiento de los pagos.
Alejandro Toledo fue presidente entre 2001 y 2006. Durante su gobierno, Odebrecht obtuvo contratos para la construcción de tramos de la carretera Interoceánica Sur. Las investigaciones encontraron que aproximadamente veinte millones de dólares habrían sido pagados a Toledo a través de intermediarios, incluyendo a su amigo y operador financiero Josef Maiman. Toledo negó los cargos durante años desde el exterior, donde vivió en Estados Unidos evitando la justicia. Fue finalmente extraditado en 2023. El proceso en su contra continúa.
Alan García fue presidente en dos períodos: entre 1985 y 1990, el gobierno de la hiperinflación, y entre 2006 y 2011. En su segundo gobierno, Odebrecht obtuvo contratos para el metro de Lima. Las investigaciones encontraron pagos a funcionarios y personas de su entorno durante ese período. García siempre negó haber recibido dinero personalmente de Odebrecht. El 17 de abril de 2019, cuando la policía llegó a su casa para detenerlo en el marco de las investigaciones, García se disparó en la cabeza. Murió horas después en el hospital. Fue el único de los cuatro presidentes que no llegó a juicio.
Ollanta Humala fue presidente entre 2011 y 2016. Las investigaciones encontraron que durante la campaña electoral de 2011, Humala habría recibido dinero de Odebrecht para financiar su campaña. Su esposa, Nadine Heredia, que tuvo papel muy activo en el gobierno, también fue investigada. Ambos fueron detenidos preventivamente en 2017. Humala y Heredia han negado los cargos.
Pedro Pablo Kuczynski fue presidente entre 2016 y 2018. Las investigaciones encontraron que su empresa consultora había recibido pagos de Odebrecht durante el gobierno de Toledo, período en que Kuczynski era ministro de Economía. Fue sometido a dos procesos de vacancia presidencial en el Congreso. Renunció antes del segundo en 2018. Fue detenido preventivamente y el proceso en su contra continúa.
«Cuando el dinero de corrupción alcanza a candidatos de todos los colores políticos que compiten entre sí, la corrupción deja de ser problema de cierto tipo de político y se convierte en característica estructural del sistema político en su conjunto. Eso es mucho más difícil de resolver que simplemente cambiar a las personas en el poder.»
La fiscalía, los colaboradores, y el sistema que intentó funcionar
La historia peruana de Lava Jato no habría avanzado de la forma en que lo hizo sin la decisión de un grupo de fiscales de usar las herramientas que el sistema legal ofrecía con la misma agresividad y determinación que los fiscales brasileños habían usado en Brasil. El equipo especial de fiscales que se formó para investigar el caso fue central para hacer avanzar las investigaciones.
La herramienta más importante que usaron fue el acuerdo de colaboración eficaz, equivalente peruano de la delación premiada brasileña. Los ejecutivos de Odebrecht que habían gestionado los pagos sabían exactamente quién había recibido qué dinero y cuándo. Jorge Barata, que había sido el representante de Odebrecht en el país durante los años críticos, se convirtió en colaborador eficaz con la fiscalía. Sus testimonios, corroborados con documentación financiera, fueron fundamentales para establecer los pagos a los presidentes y a otras figuras políticas.
Los fiscales más visibles del equipo, José Domingo Pérez y Rafael Vela, tomaron decisiones de solicitar detenciones preventivas para figuras políticas de alto perfil, incluyendo a Keiko Fujimori. Los defensores de los investigados argumentaban que las detenciones preventivas eran medidas desproporcionadas usadas como herramienta de presión. Los fiscales argumentaban que sin detención preventiva existía riesgo real de fuga o de obstrucción de la justicia.
También hubo intentos de destruir la investigación desde el sistema político. El Congreso, donde el partido de Keiko Fujimori tenía mayoría durante el gobierno de Kuczynski, intentó en múltiples ocasiones limitar las facultades de la fiscalía o modificar las leyes de forma que dificultara las investigaciones. El país experimentó en esos años una sucesión de gobiernos y crisis constitucionales que tenían sus raíces en el caso Lava Jato y en sus ramificaciones políticas.
La dimensión internacional del caso fue también relevante. El acuerdo que Odebrecht firmó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos incluía información que las autoridades nacionales podían usar como punto de partida para sus propias investigaciones. La cooperación entre fiscalías de Brasil, el país y Estados Unidos fue más extensa que en cualquier caso de corrupción anterior en la región.
«La corrupción que usa el sistema financiero internacional para esconder sus flujos puede ser perseguida por las autoridades del país donde ese sistema financiero opera. Eso convierte la cooperación internacional en herramienta poderosa pero también significa que la efectividad de la persecución depende parcialmente de la voluntad política de países externos.»
Lo que el caso reveló sobre el Estado y sus instituciones
El caso peruano de Lava Jato reveló algo sobre el Estado que muchos sospechaban pero que ahora tenía evidencia documentada: que el sistema de contratación pública de infraestructura había sido capturado sistemáticamente por intereses corruptos durante al menos tres lustros. No era que algunos funcionarios habían sido corruptos. Era que el proceso completo de adjudicación de contratos grandes había sido manipulado de forma sistemática para favorecer a empresas que pagaban y para excluir o perjudicar a las que no lo hacían.
Las consecuencias para el país en términos de infraestructura fueron enormes. El Gasoducto Sur Peruano, proyecto de más de cuatro mil millones de dólares adjudicado a consorcio liderado por Odebrecht, fue cancelado después del escándalo dejando al sur del país sin la infraestructura de gas que habría transformado su economía. La Línea 2 del metro de Lima tuvo años de retrasos y sobrecostos que afectaron directamente a los millones de limeños que dependían de ese transporte. Los proyectos corruptos no solo robaban dinero del Estado. Privaban al país de infraestructura que la gente necesitaba.
También quedó en evidencia la fragilidad del sistema político. En los años de mayor intensidad del caso, el país tuvo cinco presidentes en cinco años. Las crisis constitucionales se sucedían. El Congreso y el Ejecutivo estaban en conflicto permanente. El sistema de partidos políticos, que ya era débil antes de Lava Jato, quedó devastado. Las instituciones que deberían haber funcionado como contrapeso habían estado implicadas en el escándalo o habían demostrado ser demasiado débiles para resistir las presiones.
Hay reflexión sobre la relación entre la debilidad institucional y la corrupción que el caso ilustra con claridad. No es que la corrupción debilitó a las instituciones. Es que las instituciones eran débiles desde antes, y esa debilidad era condición necesaria para que la corrupción alcanzara la escala que alcanzó. Un sistema de contratación pública con controles efectivos no habría permitido que los sobornos de Odebrecht operaran durante tanto tiempo.
El proceso está todavía en marcha. Hay casos que no han llegado a sentencia definitiva. Hay personas investigadas cuyos procesos siguen abiertos. Pero lo que ya está claro es que el caso reveló dimensiones del Estado y de su sistema político que no eran conocidas con ese nivel de detalle antes de las investigaciones. Ese conocimiento tiene valor independientemente de cuántas condenas firmes produzca al final. Porque conocer la enfermedad en su especificidad es el primer paso para entender qué tipo de reforma institucional se necesita para que no se repita.
«La corrupción que se sabe pero no se puede probar es diferente de la corrupción que se sabe y se puede probar. Lava Jato convirtió décadas de sospechas en registros documentados. Ese es el punto de partida que cualquier reforma institucional seria necesita para ser efectiva.»